Resumen
- El objetivo de este artículo es examinar las políticas públicas que se han ofrecido por parte del Estado de Chile a las y los adolescentes migrantes no acompañados que han ingresado al país por pasos no habilitados en el último tiempo. De forma concreta la regularización administrativa afecta el ejercicio de los derechos en diversas trayectorias y experiencias migratorias. La Ob. Gral. N° 6 de la ONU (2005) define a las personas menores de edad extranjeras como no acompañados cuando se encuentran sin la presencia de los padres o tutores responsables del cuidado personal. Mediante una metodología cualitativa, se realizaron doce entrevistas en profundidad a autoridades, profesionales técnicos y activistas que atienden a esta población en la zona norte de frontera y ciudades del centro que se caracterizan por el asentamiento. La conclusión de este estudio revela que la respuesta institucional adoptada por el Estado chileno frente a las y los adolescentes migrantes no acompañados ha sido una reacción frente a la crisis migratoria de los últimos años. La promulgación del Protocolo de Acogida impulsado por el Poder Judicial (2021) ha garantizado el acceso a la regularización migratoria y al ejercicio de algunos derechos humanos. Sin embargo, también se identificaron vulneraciones de derechos asociadas a la condición de género que afecta en mayor medida a las mujeres jóvenes y subsiste la necesidad de la capacitación pertinente. Las políticas públicas deberían considerar este nuevo y desafiante perfil migratorio.